La aprobación de la nueva Ley de Gestión Ambiental de Andalucía 2026 supone un antes y un después en el reconocimiento de los derechos de la ciudadanía en materia de medio ambiente, y parte de esos avances tiene su origen en el trabajo silencioso realizado desde la Asociación Valle Natural Río Grande.
Las alegaciones presentadas por la entidad a finales de 2024 han sido tenidas en cuenta en el texto definitivo de la norma, reforzando el acceso a la información ambiental, la participación pública efectiva y la condición de personas interesadas en los procedimientos, así como el respeto a la autonomía local de los ayuntamientos.
Un trabajo de alegaciones nacido en el Valle del Guadalhorce
La Asociación Valle Natural Río Grande, con sede en Coín, decidió intervenir en el proceso de elaboración de la ley cuando comprobó en primera persona las dificultades para acceder a expedientes ambientales que afectan al territorio y a la calidad de vida de la población.
En varias ocasiones, al solicitar consultar estos expedientes, la asociación recibió una negativa tanto de la Administración local como autonómica, pese a tratarse de un derecho reconocido en la legislación básica estatal sobre acceso a la información ambiental.
Motivos de las alegaciones
El núcleo de las alegaciones se centró en tres grandes carencias detectadas en el borrador inicial de la ley: la forma en que se regulaba la participación pública, la falta de reconocimiento de las personas interesadas y la insuficiente protección de la autonomía municipal ante proyectos con incidencia ambiental.
- Participación pública insuficiente: el borrador remitía al contenido de informes periódicos sobre el estado del medio ambiente, pero no garantizaba de forma clara el derecho de la ciudadanía a intervenir en los procedimientos concretos.
- Falta de acceso real a la información: se mencionaba la publicación de listados de expedientes, pero no el derecho a conocer el contenido de esos expedientes cuando afectan al medio ambiente.
- Limitación de quién podía ser considerado interesado: se creaba un registro para personas jurídicas sin ánimo de lucro, dejando sin reconocimiento explícito a cualquier ciudadano que quisiera defender el medio ambiente.
Las claves del éxito: acceso a la información y participación real
Una de las aportaciones más importantes del escrito de alegaciones fue recordar que no se puede participar en lo que no se conoce. Por ello se insistió en que el derecho a la participación pública debía ir inseparablemente unido al derecho de acceso a la información contenida en los expedientes ambientales.
Acceso a la información ambiental
La asociación reclamó que la nueva normativa recogiera, de forma expresa, que cualquier persona tiene derecho a acceder a la información ambiental que obre en poder de las administraciones, sin necesidad de justificar un interés determinado, tal y como reconoce la normativa estatal.
Esta visión sitúa el acceso a la información como condición previa e imprescindible para que la ciudadanía pueda participar de manera informada en los procesos de decisión, especialmente en aquellos que afectan a su entorno más cercano.
Participación pública efectiva
En el texto inicial, la participación se vinculaba principalmente a la publicación telemática de la relación de expedientes sometidos a exposición pública, sin garantizar que las personas interesadas pudieran conocer su contenido ni formular alegaciones con todos los datos.
Las alegaciones defendieron que la participación solo puede considerarse real y efectiva cuando se facilita el acceso al expediente completo, se conceden plazos razonables y se evita concentrar los trámites en periodos como agosto o las fiestas navideñas, en los que la participación social disminuye.
Ciudadanía como parte interesada en los procedimientos
Otro de los puntos críticos fue la regulación del registro de personas jurídicas interesadas en los procedimientos de evaluación y prevención ambiental. El borrador contemplaba este registro para entidades sin ánimo de lucro, pero no reconocía de forma explícita el derecho de cualquier ciudadano a ser considerado interesado.
Desde el Valle del Río Grande se defendió que, en la protección del medio ambiente, ninguna persona debería estar obligada a acreditar un interés especial para acceder a la información y participar en los procedimientos. Esta posición se apoyaba en los derechos ya consolidados en la legislación estatal.
Reconocimiento de derechos consolidados
Las alegaciones advirtieron de que limitar la condición de interesado a las personas inscritas en un registro específico podía entrar en colisión con el principio de seguridad jurídica y con los derechos ya reconocidos en el ordenamiento jurídico.
La solicitud fue clara: que la nueva ley asumiera plenamente estos derechos, evitando contradicciones y asegurando que cualquier persona que actúe en defensa del medio ambiente pueda consultar expedientes, formular alegaciones y participar en la toma de decisiones.
Defensa de la autonomía municipal y del territorio
Más allá de la participación ciudadana, la Asociación Valle Natural Río Grande también puso el foco en la autonomía de los ayuntamientos, especialmente en relación con los informes de compatibilidad urbanística en procedimientos de autorizaciones ambientales.
En algunos artículos del borrador se reconocía adecuadamente que, si el informe municipal era desfavorable, el procedimiento debía archivarse y su contenido tenía carácter vinculante. Sin embargo, esa misma garantía no se trasladaba a otros supuestos como las modificaciones sustanciales de autorizaciones ya concedidas.
Coherencia en todos los procedimientos
Las alegaciones pidieron que, en todas las figuras de autorización ambiental, se aplicara el mismo criterio: informe de compatibilidad urbanística obligatorio, archivo del expediente si es desfavorable y carácter vinculante del contenido para el resto de administraciones implicadas.
De este modo, se refuerza el papel de los ayuntamientos como primera línea de defensa del territorio y se garantizan reglas claras para los proyectos que puedan transformar el suelo, los recursos naturales o la vida de las comunidades locales.
Otros aspectos mejorados a partir de las alegaciones
El escrito presentado por la asociación abordó también cuestiones prácticas relacionadas con los plazos de información pública, la forma de presentar alegaciones y la coherencia entre las distintas figuras de control ambiental previstas en la ley.
Plazos y momentos de exposición pública
Se consideró insuficiente un plazo de quince días hábiles para analizar documentos extensos, como el anteproyecto de ley y su memoria de impacto normativo, y se señaló que sacar a exposición pública normas de este calado en fechas como las vacaciones de agosto o las fiestas navideñas reduce de facto la participación social.
Presentación electrónica y accesibilidad
Las alegaciones insistieron en que, aunque se fomente el uso de medios electrónicos, ningún ciudadano está obligado a utilizarlos y siempre se debe indicar con claridad la sede administrativa donde puedan presentarse escritos en formato presencial.
Un ejemplo de participación desde el Valle del Guadalhorce
La experiencia de la Asociación Valle Natural Río Grande demuestra que la participación activa de la ciudadanía puede traducirse en mejoras concretas en las leyes que regulan el medio ambiente, incluso cuando se parte de un ámbito comarcal como el Valle del Guadalhorce.
El caso muestra también la importancia de conocer los derechos existentes, analizar los borradores normativos con rigor y presentar alegaciones bien fundamentadas, capaces de dialogar con los textos legales y señalar las contradicciones cuando aparecen.
Impacto más allá del Río Grande
Las mejoras introducidas en la Ley de Gestión Ambiental de Andalucía 2026 no solo beneficiarán a las personas y colectivos que viven junto al Río Grande o en los municipios del Valle del Guadalhorce, sino que se extenderán al conjunto del territorio andaluz, facilitando la defensa del medio ambiente en toda la comunidad autónoma.
Mirando al futuro
Con la nueva ley en vigor, se abre una etapa en la que será fundamental comprobar cómo se aplican en la práctica los derechos de acceso a la información y de participación ciudadana que han quedado reforzados.
Desde el Valle del Guadalhorce, la Asociación Valle Natural Río Grande se propone seguir vigilante y activa, acompañando a la ciudadanía en el uso de estos derechos y recordando que la protección del medio ambiente comienza, muchas veces, en el expediente administrativo que se abre en un pequeño municipio.
Redactor, aprendiz de fotógrafo y apasionado del marketing digital y del SEO. Redactor y editor en Revista Valle del Guadalhorce, donde cuento la vida de los pueblos de la comarca y ayudo a dar visibilidad a negocios y asociaciones locales. También trabajo como diseñador web y consultor en Diseño Web Málaga, acompañando a empresas de la comarca en su camino digital.