La presa de Cerro Blanco y el azud proyectado sobre Río Grande en la comarca del Valle del Guadalhorce son un ejemplo paradigmático de gran obra hidráulica que nace bajo el paradigma del “desarrollo y seguridad hídrica”, es frenada por la movilización ciudadana y el cambio de rumbo político en los 2000, y vuelve a escena en plena crisis climática y de sequía con un territorio socialmente mucho más dividido.
Un río estratégico en la provincia de Málaga.
Río Grande nace en la Sierra de las Nieves y desemboca en el río Guadalhorce a la altura de Cártama, conformando uno de los principales afluentes de la cuenca y un corredor ecológico de enorme valor para la biodiversidad, los regadíos tradicionales y el paisaje agrario del Valle del Guadalhorce.
Su carácter de río prácticamente libre de grandes presas en la provincia de Málaga, con vegas fértiles y usos agrarios históricos, explica que cualquier proyecto de regulación fuerte (presa y azud) haya tenido un impacto político, social y emocional muy superior al habitual en otras infraestructuras hidráulicas.
Los orígenes del proyecto: azud, presa y conducción.
El núcleo técnico del proyecto se concreta a finales de los años noventa y primeros dos mil en torno a tres piezas: un azud de derivación en Cerro Blanco sobre Río Grande , una presa de regulación en el mismo enclave y una gran conducción de tubería para llevar el agua hacia Málaga y su entorno metropolitano.
Documentos del entonces Ministerio de Medio Ambiente y de la Red Andaluza del Agua describen la “Conducción de Cerro Blanco (Río Grande)” como una obra de interés general del Estado, con una tubería de gran diámetro (aprox. 1.600 mm) y más de 30 kilómetros de longitud, capaz de transportar caudales significativos desde el río hacia la Estación de Tratamiento de Agua Potable de El Atabal y otros usos urbanos y agrícolas.
La presa de Cerro Blanco aparece como infraestructura asociada, concebida para laminar avenidas e incrementar la garantía de recursos en un contexto de creciente demanda hídrica en Málaga y la Costa del Sol.
En la memoria‑resumen de 2001, sometida a información pública de cara a la Evaluación de Impacto Ambiental, se insiste en argumentos de “necesidad” en términos de seguridad frente a inundaciones, garantía de abastecimiento y mejora de regadíos, lo que generará después de un fuerte debate sobre si se trata de necesidades reales o sobre todo de oportunidades de negocios vinculados al agua.
La declaracion de interes general y el marco politico inicial
El proyecto se enmarca en la ola de grandes obras del Plan Hidrológico Nacional (PHN) aprobada a comienzos de los 2000, bajo gobiernos que impulsan trasvases, presas y azudes como respuesta prioritaria tanto a inundaciones como a sequías.
La “presa de Cerro Blanco sobre el río Grande” y la conducción asociada figuran en la planificación estatal y en documentos urbanísticos como el Avance del PGOU de Málaga, que la recoge junto a otras actuaciones hidráulicas estratégicas para la provincia.
Este contexto político es clave: el discurso dominante presenta al Río Grande como un recurso hídrico “infrautilizado” que debe ser regulado y derivado parcialmente hacia áreas con alta demanda (Málaga capital, áreas costeras, nuevos desarrollos urbanos y agrícolas intensivos), integrándolo en una lógica de “Gran Málaga” fuertemente dependiente del agua.
Al mismo tiempo, los documentos técnicos de viabilidad ponen el foco en la laminación de avenidas y la reducción de daños por riadas, vinculando Cerro Blanco a la memoria de tumbas inundaciones históricas en el Guadalhorce y sus afluentes.
El nacimiento de la contestación social: “Río Grande Vivo, No a los tubos”
Frente a ese relato oficial surge una contestación social poco habitual en proyectos hidráulicos andaluces, articulada principalmente en la Coordinadora en Defensa de Río Grande y otras plataformas locales.
A mediados de los 2000, la Coordinadora y colectivos afines lanzan la campaña con el lema “Río Grande Vivo, No a los tubos” , que sintetiza la lectura crítica de la obra: no se trata solo de una presa de seguridad, sino de un sistema de azud, embalse y conducción destinada a llevarse el agua del río hacia Málaga y la costa, poniendo en riesgo el régimen ecológico del cauce, los regadíos tradicionales y la identidad paisajística y cultural de la comarca.
Las acciones se multiplican:
- Presentación de alegaciones a la memoria‑resumen del proyecto, cuestionando su justificación, la ausencia de alternativas (incluida la “alternativa 0” de no ejecución) y la subestimación de los impactos sobre la vega, las acequias y los acuíferos.
- Charlas públicas y asambleas vecinales en Coín, Guaro, Pizarra, Cártama y otros municipios del Valle del Guadalhorce, explicando con mapas y datos las consecuencias previsibles de la presa y la conducción.
- Mociones municipales en plenos de distintos ayuntamientos, así como iniciativas en el Parlamento de Andalucía y en el Senado, donde se llega a debatir explícitamente el futuro de Cerro Blanco y su compatibilidad con una política de aguas más sostenibles.
- Una notable repercusión mediática, con reportajes en medios malagueños y nacionales e incluso espacios televisivos como “Caiga quien Caiga” (Telecinco), que se hacen eco de la amenaza sobre Río Grande y del papel del movimiento ciudadano.
Red Andaluza de la Nueva Cultura del Agua
Autores vinculados a la Red Andaluza de la Nueva Cultura del Agua y académicos especializados en conflictos fluviales destacan en informes y artículos el carácter singular de este movimiento: Río Grande se convierte en un caso de estudio sobre cómo comunidades rurales, organizaciones ecologistas y plataformas ciudadanas son capaces de poner en cuestión la lógica clásica del “más presas, más progreso”.
Argumentos enfrentados: seguridad y desarrollo frente a río vivo
En el debate público y técnico se van cristalizando dos grandes bloques argumentales:
- Defensores del proyecto (presa y azud)
- Alegan que Cerro Blanco permitiría laminar avenidas y reducir daños por inundaciones en zonas bajas del Valle del Guadalhorce, especialmente en áreas urbanizadas o con infraestructuras críticas.
- Subrayan la necesidad de garantizar recursos hídricos para una provincia sometida a sequías recurrentes, con altos consumos urbanos, agrícolas y turísticos, y ven en Río Grande un complemento valioso a los sistemas de embalses existentes.
- Plantean que la obra generaría actividad económica y empleo durante la construcción, además de reforzar la “seguridad hídrica” de Málaga.
- Opositores (plataformas, ecologistas, parte del mundo agrario)
- Sostienen que Río Grande es uno de los últimos grandes ríos libres de Málaga y un eje esencial para la biodiversidad, la recarga de acuíferos y el paisaje agrícola tradicional; una presa y un azud romperían esa dinámica fluvial, alterando irreversiblemente hábitats y caudales ecológicos.
- Denuncian que, bajo el argumento de evitar que el agua “se pierda en el mar”, lo que realmente se persigue es consolidar trasvases estructurales hacia la costa, primero para abastecimiento urbano y agrícola intensivo, y después para nuevas demandas ligadas a megaproyectos energéticos y urbanísticos.
- Recuerdan que las inundaciones catastróficas se explican sobre todo por la ocupación de llanuras de inundación y prácticas urbanísticas negligentes, por lo que la respuesta debería ser ordenar el territorio, recuperar espacios de desbordamiento natural y reforestar cabeceras, más que construir nuevas presas.
La paralización en la etapa de Zapatero
El cambio de ciclo político en España con la llegada de José Luis Rodríguez Zapatero a la presidencia en 2004 coincide con un giro en la política de aguas: se deroga el Plan Hidrológico Nacional anterior y se apuesta por la desalación, la eficiencia y la revisión de macroproyectos hidráulicos heredados.
En ese contexto, diversas intervenciones en el Parlamento de Andalucía y en el Senado recogen la posición del nuevo gobierno: la presa de Cerro Blanco “no se va a hacer” , quedando el proyecto sin impulso efectivo y en la práctica paralizado.
La presión ciudadana desempeña un papel relevante en esa decisión:
- La Coordinadora de Río Grande destaca públicamente que será el movimiento ciudadano quien tumbe el proyecto , subrayando la fuerza alcanzada por las movilizaciones y el apoyo social a la defensa del río.
- Las alegaciones y pronunciamientos municipales, junto con informes críticos de expertos, evidencian la falta de consenso social y las dudas técnicas sobre la verdadera necesidad de la presa y el azud.
En paralelo, avanza la protección ambiental de tramos de Río Grande dentro de la Red Natura 2000 (Zonas de Especial Conservación de ríos mediterráneos malagueños), reforzando la idea de que encajar una gran presa en este corredor ecológico resulta cada vez más controvertido jurídica y políticamente.
Años de calma relativa y memoria del conflicto
Durante más de una década, Cerro Blanco desaparece en gran medida del foco mediático y político, aunque permanece en la memoria de la comarca como conflicto emblemático ganado por la sociedad civil.
Artículos, estudios académicos y materiales divulgativos recuperan el caso de Río Grande como ejemplo de lucha por la Nueva Cultura del Agua, enfatizando que, frente a la imagen de “obras inevitables”, la organización social puede reorientar la política hidráulica hacia modelos más respetuosos con los ecosistemas.
En estos años también se consolidan nuevas preocupaciones ambientales (crisis climática, pérdida de biodiversidad, presión urbanística y turística), que reconfiguran el marco de referencia con el que la ciudadanía juzga grandes infraestructuras de agua.
El regreso del proyecto: planificación 2021–2027 y nueva ola de interés
La revisión del Plan Hidrológico de las Cuencas Mediterráneas Andaluzas 2021–2027 reabre el conflicto al reincorporar la propuesta de un azud en Río Grande vinculado a Cerro Blanco , con el objetivo de aumentar la regulación y la garantía de suministro en el sistema Guadalhorce‑Málaga.
Colectivos sociales y fuerzas políticas como Unidas Podemos en Coín reaccionan presentando alegaciones y mociones en 2022, reclamando que la presa de Cerro Blanco sea excluida de forma explícita del nuevo ciclo de planificación y que se ciega el río para impedir su futura represa.
El artículo “Resucita la presa de Cerro Blanco, ¿renacerá también la movilización ciudadana?” recoge bien el nuevo escenario: el proyecto “resucita” en un contexto político distinto, con gobiernos locales y autonómicos menos sensibles a los argumentos ambientales, y con una movilización social que, al menos en los primeros compases, parece menos masiva que la de hace quince años.
Se insiste además en que la crisis climática y la intensificación de sequías e inundaciones se están usando como argumento para repescar viejas obras, cuando parte de la evidencia científica apunta a la necesidad de reducir demandas y restaurar ecosistemas fluviales más que seguir construyendo grandes presas.
Las inundaciones recientes y la presión para el Río Grande
Las últimas grandes DANAs y temporales en Andalucía, con crecidas importantes en el Guadalhorce y desbordamientos en Río Grande, han devuelto al primer plano la discusión sobre la necesidad de nuevas infraestructuras de laminación.
Artículos y declaraciones institucionales señalan a la presa de Cerro Blanco como obra “llamada a evitar inundaciones” en el Valle del Guadalhorce, subrayando que su coste estimado ronda varias decenas de millones de euros y que fue ya declarada de interés general, planteando ahora su construcción como una “deuda pendiente” con la comarca.
En enero de 2026, responsables de la Junta de Andalucía y alcaldes del PP del Guadalhorce reclaman públicamente al Gobierno central que retome el proyecto, argumentando que la provincia no puede seguir enfrentando episodios extremos sin nuevas herramientas de regulación y que Río Grande debe formar parte de la solución.
Esta posición abre una nueva fase del conflicto, en la que se cruzan:
- La urgencia real de mejorar la seguridad frente a inundaciones, percibida con dramatismo tras las últimas crecidas.
- La persistencia de los argumentos ambientales y sociales que ya tumbaron el proyecto en el pasado, hoy reforzados por la retórica oficial sobre transición ecológica y protección de la biodiversidad.
La Coordinadora y las nuevas resistencias
La memoria del lema “Río Grande Vivo, No a los tubos” sigue viva en buena parte del tejido social del Valle del Guadalhorce, y la Coordinadora en Defensa de Río Grande vuelve a posicionarse contra cualquier intento de retomar la presa y el azud.
En comunicados recientes, se recuerda que las mismas razones que justificaron la paralización del proyecto en los 2000 siguen vigentes:
- La protección de un río con valores ecológicos singulares.
- La crítica a un modelo que prioriza grandes obras sobre la gestión de la demanda, la ordenación territorial y la restauración de riberas.
- La defensa de una visión del agua como bien común ligada a los derechos de las comunidades locales, frente a un enfoque centrado en los intereses de grandes consumidores y operadores económicos.
Artículos en medios como El Salto o Público, y contenidos divulgativos en webs locales, subrayan además el componente simbólico de Río Grande: lo que está en juego no es solo un embalse, sino el modelo de territorio y de relación con el agua en una comarca que vive al mismo tiempo de la agricultura, del turismo y de su patrimonio natural.
Un conflicto abierto: entre la memoria y el futuro
En la actualidad, el futuro del azud y la presa de Cerro Blanco sigue abierto y controvertido:
- Por un lado, la sequía estructural en Andalucía y las inundaciones recientes alimentan el discurso de quienes reclaman reactivar todas las grandes infraestructuras posibles, incluido Cerro Blanco.
- Por otro, los marcos europeos de gestión del agua, la Directiva Marco del Agua y las políticas de biodiversidad obligan a justificar con mucho más rigor ambiental y social cualquier nueva presa en ríos con alto valor ecológico, especialmente cuando existen alternativas de gestión menos lesivas.
El caso de Río Grande y Cerro Blanco se ha convertido así en un laboratorio político y social donde se enfrentan dos modelos de gestión del agua en el siglo XXI: el que sigue confiando en las grandes infraestructuras de regulación y derivación, y el que apuesta por adaptar las demandas, restaurar ecosistemas fluviales y repensar la ocupación de las riberas.
En ese campo de tensión, la comarca del Valle del Guadalhorce vuelve a mirarse en el espejo de su propia historia reciente: la pregunta ya no es solo si se hará o no la presa de Cerro Blanco, sino qué tipo de relación quiere mantener con Río Grande y con el agua en un tiempo de cambio climático y límites ecológicos cada vez más visibles.
Juan Antonio Fernández es redactor, aprendiz de fotógrafo y apasionado del marketing digital y del SEO. Redactor y editor en Revista Valle del Guadalhorce, donde cuento la vida de los pueblos de la comarca y ayudo a dar visibilidad a negocios y asociaciones locales. También trabajo como diseñador web y consultor en Diseño Web Coín, acompañando a empresas de la comarca en su camino digital.