Andalucía estrena un nuevo marco normativo ambiental. Tras más de 15 años en vigor, la antigua Ley 7/2007 de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental (GICA) ha sido sustituida por la Ley 2/2026, de 12 de marzo, para la Gestión Ambiental de Andalucía, conocida como LEGAM. Aprobada el 25 de febrero de 2026 por el Parlamento andaluz —únicamente con los votos del PP-A y el rechazo de PSOE-A, Vox, Por Andalucía y Adelante Andalucía— y publicada en el BOJA el 20 de marzo de 2026, esta ley marca un antes y un después en cómo se tramitan los proyectos con impacto ambiental en Andalucía.
Su entrada en vigor está prevista para el 20 de junio de 2026.
¿Qué es la LEGAM y por qué nos afecta?
La LEGAM es la ley que regula cómo la Administración autonómica evalúa, controla y autoriza cualquier actividad con impacto sobre el medio ambiente en Andalucía. Desde una nave industrial o una actividad ganadera intensiva, hasta un parque solar fotovoltaico, una urbanización o una infraestructura pública. Es, en definitiva, el instrumento legal que determina quién protege nuestro entorno natural y cómo lo hace.
Afecta directamente a empresas, autónomos, promotores, ayuntamientos y ciudadanos de toda la comunidad autónoma, incluidos los municipios del Valle del Guadalhorce.
Las principales novedades de la LEGAM de la Junta de Andalucía
1. Sustituye a la GICA y unifica los procedimientos ambientales
La LEGAM deroga la Ley 7/2007 y unifica en un solo texto los distintos procedimientos de evaluación y autorización ambiental que antes estaban dispersos. Uno de sus objetivos declarados es reducir la burocracia y acortar los plazos de tramitación:
- Autorización Ambiental Integrada (AAI): plazo máximo de 6 meses
- Autorización Ambiental Unificada (AAU): plazo máximo de 6 meses
- Autorización Ambiental Unificada Simplificada (AAUS): plazo máximo de 5 meses
- Licencia Ambiental: plazo máximo de 3 meses
- Declaraciones responsables: efectos inmediatos
2. Estrategia Marco de Medio Ambiente
Se crea este nuevo instrumento de planificación estratégica que actuará como referencia para toda la política ambiental autonómica, orientando los planes y programas de la Junta en materia de sostenibilidad y protección del entorno.
3. Nuevo Consejo Asesor de Medio Ambiente de Andalucía
Se pone en marcha un órgano consultivo que integra a agentes sociales, económicos y representantes de entidades locales, sustituyendo al anterior Consejo Andaluz del Medio Ambiente. Su función es asesorar en la toma de decisiones ambientales de la comunidad.
4. Registro único de actuaciones ambientales
La ley crea el Registro de actuaciones sometidas a los instrumentos de prevención ambiental, donde se inscribirán todas las resoluciones —incluidas las licencias municipales—. Se trata de un mecanismo de control y transparencia que centraliza la información sobre las autorizaciones y declaraciones ambientales en Andalucía.
5. Régimen sancionador actualizado
Se revisan los importes, las tipificaciones y las competencias sancionadoras. Como novedad, se introduce la prestación ambiental sustitutoria: una sanción económica puede sustituirse por actuaciones de restauración, conservación o educación ambiental, reforzando el carácter reparador de las sanciones. Las multas por infracciones muy graves pueden alcanzar los 600.000 euros.
6. El cambio climático, obligatorio en todas las evaluaciones
La ley exige incorporar de forma obligatoria la consideración del cambio climático en todas las evaluaciones ambientales. Además, se integra la Evaluación del Impacto en la Salud dentro de la Declaración de Impacto Ambiental o de la Licencia Ambiental, eliminando la necesidad de trámites paralelos independientes.
Lo que más nos afecta: autonomía municipal frente a los megaproyectos
Este es uno de los puntos de mayor relevancia para comarcas como la nuestra. La presión de los megaproyectos de energías renovables sobre el territorio rural andaluz —plantas solares, parques eólicos de gran escala— es una realidad que muchos municipios del Valle llevan años sufriendo.
La LEGAM incorpora una garantía fundamental: el informe de compatibilidad urbanística del Ayuntamiento será previo, preceptivo y vinculante en todos los procedimientos ambientales. Es decir, si el informe del Ayuntamiento es desfavorable, la Consejería de Medio Ambiente deberá archivar el expediente.
La anterior GICA solo contemplaba esta protección para la Autorización Ambiental Unificada. La LEGAM la extiende a todos los procedimientos:
- Art. 61.2.a) — Autorización Ambiental Integrada (AAI)
- Art. 71.2.b) — Autorización Ambiental Unificada (AAU)
- Art. 75.1.c.3º — Modificación Sustancial de la AAU
- Art. 82.2.b) — Autorización Ambiental Unificada Simplificada (AAUS)
- Art. 101.1.d) — Declaración Responsable (DR)
Esto supone un refuerzo real de la autonomía local y una herramienta jurídica concreta para que los ayuntamientos puedan frenar proyectos que consideren incompatibles con su territorio.
La participación ciudadana en la LEGAM
La ley refuerza la participación ciudadana en los procesos de decisión ambiental. Algunos colectivos y asociaciones de nuestra comarca presentaron alegaciones al anteproyecto durante el periodo de información pública (diciembre de 2024) y lograron que fueran recogidas en el texto definitivo aprobado por el Parlamento.
Las mejoras obtenidas gracias a la presión ciudadana incluyen:
- Acceso real a la información ambiental (Art. 16): la participación pública queda garantizada de forma efectiva, no solo mediante la publicación periódica de informes, sino con acceso directo a los expedientes.
- Condición de interesado para cualquier ciudadano (Art. 17): tanto las personas físicas como las jurídicas son reconocidas expresamente como interesadas en los procedimientos ambientales, en línea con la legislación estatal sobre acceso a la información ambiental.
Además, la ley crea un Registro de Participación Ciudadana en materia ambiental para garantizar la transparencia y potenciar la implicación de la sociedad en la toma de decisiones.
Las voces críticas: ¿un retroceso disfrazado de modernización?
La LEGAM no ha estado exenta de polémica. Su aprobación con un único partido y el rechazo unánime de todos los grupos de la oposición ya da cuenta de la profunda división que genera.
Las críticas de los ecologistas
Ecologistas en Acción ha calificado la LEGAM de grave retroceso ambiental generalizado. Sus principales argumentos son:
- No es una ley integral: los recursos hídricos, la ordenación territorial y la economía azul quedan fuera de su ámbito de aplicación, a pesar de tener un impacto ambiental directo.
- Privatización de la inspección ambiental: la ley delega funciones de control público a entidades privadas, reduciendo las garantías ambientales reales y la responsabilidad de la Administración.
- Más declaraciones responsables, menos control: el aumento de actividades tramitadas mediante declaraciones responsables —en lugar de autorizaciones— agiliza los procedimientos pero puede debilitar la protección del entorno.
- Pérdida de la palabra “integral”: la propia denominación de la ley elimina el término que distinguía a la GICA, lo que, según los ecologistas, refleja una renuncia explícita a una visión global de la calidad ambiental.
Las críticas de la oposición parlamentaria
El PSOE-A argumentó durante la tramitación parlamentaria que el texto reduce drásticamente los mecanismos de evaluación, prevención y control ambiental, tratándolos como meros obstáculos burocráticos al desarrollo económico. Criticó también la falta de rigor en la memoria económica del proyecto.
¿Qué cambia para empresas, autónomos y promotores?
A partir del 20 de junio de 2026, cualquier actividad con impacto ambiental en Andalucía deberá adaptarse a este nuevo marco legal. Esto afecta a:
- Empresas industriales, PYMEs y autónomos con actividades que generen emisiones, vertidos o residuos
- Promotores de urbanizaciones, instalaciones y proyectos de infraestructuras
- Proyectos de energías renovables a gran escala (plantas solares, parques eólicos)
- Actividades comerciales y agropecuarias con incidencia ambiental
El incumplimiento de la LEGAM puede conllevar sanciones económicas, la paralización de la actividad o la pérdida de licencias.
La LEGAM de Andalucía y la LEMA: dos leyes que transforman Andalucía en 2026
La LEGAM no llega sola. El mismo 5 de noviembre de 2025, el Consejo de Gobierno aprobó también el Proyecto de Ley de Montes de Andalucía (LEMA), que modernizará la política forestal andaluza sustituyendo una normativa que databa de 1992. La LEMA crea el Consejo Andaluz de Política Forestal y Biodiversidad y el Registro de Montes Públicos de Andalucía, y apuesta asimismo por simplificar procedimientos, sustituyendo autorizaciones previas por declaraciones responsables.
Juntas, la LEGAM y la LEMA reconfiguran el marco legal que protege —o que deja más expuesto— el patrimonio natural de comarcas como el Valle del Guadalhorce. Conocer estas leyes, entenderlas y participar en su aplicación es hoy más necesario que nunca.
Redactor, aprendiz de fotógrafo y apasionado del marketing digital y del SEO. Redactor y editor en Revista Valle del Guadalhorce, donde cuento la vida de los pueblos de la comarca y ayudo a dar visibilidad a negocios y asociaciones locales. También trabajo como diseñador web y consultor en Diseño Web Málaga, acompañando a empresas de la comarca en su camino digital.